El juez Rodrigo Estigarribia procesó al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por asociación criminal y lesión de confianza. Fue citando para el próximo 3 de octubre para la audiencia de imposición de medidas, según informó Judiciales.net.
Rodríguez está imputado como líder de un esquema diseñado para defraudar al Estado mediante compras sobrefacturadas durante la pandemia de covid-19. Ello afectó las arcas de la Municipalidad de Asunción en más de G. 1.830 millones, según el Ministerio Público.
La imputación del Ministerio Público sostiene que Rodríguez, junto con otros funcionarios y proveedores de la comuna, participó en un millonario fraude. Una de las empresas involucradas, Bastian Comercial, representada por María Cano, se adjudicó contratos por G. 339.943.950 para la provisión de detergentes a la Municipalidad. El costo unitario de los detergentes fue de G. 393.800, una cifra muy superior al precio de mercado. Estos contratos fueron otorgados entre marzo y diciembre de 2020, utilizando fondos de emergencia destinados a la pandemia.
Según los fiscales Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, las compras realizadas por la Municipalidad incluyeron saturómetros y toallitas desinfectantes, todos adquiridos a precios inflados. El esquema de compras también habría incluido simulaciones en algunas transacciones, lo que agravó el perjuicio patrimonial a la comuna capitalina.
La imputación describe a Rodríguez como el cabecilla de un grupo de 21 personas que, mediante la aprobación de contratos inflados, causaron un daño significativo al municipio. Los fiscales aseguran que las adjudicaciones no se realizaron conforme a los principios de transparencia y legalidad que rigen las contrataciones públicas, especialmente durante un periodo tan crítico como la pandemia.
Califican de superficial la imputación contra Nenecho
El abogado de Nenecho Rodríguez, Claudio Lovera, calificó la imputación de superficial y sin respaldo documental suficiente. Según Lovera, su cliente no es un ordenador de gastos y se defenderá contra cada una de las acusaciones presentadas, argumentando que todas las compras se ajustaron a los procedimientos establecidos y fueron necesarias para enfrentar la emergencia sanitaria.
El caso se suma a una serie de investigaciones sobre irregularidades en el uso de fondos públicos durante la pandemia de covid-19. El proceso judicial sigue en curso y se espera que la audiencia del 3 de octubre arroje más luz sobre las responsabilidades de los implicados. La comunidad sigue atenta al desarrollo de un caso que refleja las complejidades de la gestión pública en tiempos de crisis.
