A un mes de las elecciones presidenciales, la crisis en Venezuela persiste. La situación para la oposición es cada vez más crítica. Nicolás Maduro, con el respaldo del aparato chavista, ha intensificado su ofensiva en todos los frentes: legal, político y comunicativo. Esta estrategia ha consolidado su dominio del poder y ha silenciado a sus críticos, dejando a la oposición luchando por mantener su relevancia en un contexto de creciente represión.
La tensión en Venezuela alcanzó nuevos niveles tras la controvertida victoria electoral de Maduro el pasado 28 de julio. Edmundo González, candidato opositor, intentó desafiar los resultados oficiales publicando actas que, según él, prueban su triunfo. El régimen respondió de manera implacable. Este lunes, la Fiscalía citó a González para comparecer, pero no se presentó, lo que resultó en una nueva citación para el día siguiente. González denunció la falta de garantías en el proceso y acusó al fiscal Tarek William Saab de actuar como «acusador político», según informó Mundiario.
La represión no se limita a González. María Corina Machado, otra destacada líder opositora inhabilitada para postularse como candidata, también enfrenta una intensa presión. El chavismo desplegó la «furia bolivariana», un dispositivo de alerta social y represión, para sofocar cualquier amenaza al poder y acrecentando la crisis en Venezuela. Esta estrategia debilitó a la oposición y dejó a la población en estado de shock. Aunque se convocaron manifestaciones para el 28 de agosto, la incertidumbre y el miedo predominan, con ciudadanos cada vez más reticentes a participar en protestas.
La «furia bolivariana» ha sido una herramienta recurrente del chavismo, especialmente desde las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019. Esta vez, la represión ha sido más intensa y generalizada. La Guardia Nacional y los colectivos armados permanecen en alerta máxima, mientras que los medios de comunicación y las redes sociales son monitoreados y controlados rigurosamente.
La situación es particularmente grave para los medios de comunicación y los periodistas. Las fuerzas del régimen detuvieron a Carmela Longo, periodista de *Últimas Noticias*, sin que se conozcan las causas. Esta detención se suma a las de otros 12 periodistas encarcelados en el último mes. Según el Foro Penal Venezolano, el país cuenta con 1.674 presos políticos, una cifra que refleja la creciente represión. La organización de derechos humanos Provea denunció que, en los 16 días posteriores a las elecciones, las autoridades detuvieron arbitrariamente a 2.400 personas, con un promedio de 150 arrestos diarios, superando incluso las crisis anteriores de 2014 y 2017.
El régimen justifica estas acciones bajo el pretexto de combatir una supuesta «amenaza fascista», argumentando que las detenciones y muertes son el resultado de la «agitación fascista» en las calles. Mientras tanto, Maduro adoptó una agresiva estrategia de comunicación para mantener el control de la opinión pública. A través de discursos constantes en medios de comunicación y redes sociales, el presidente dejó claro que no habrá tolerancia para la oposición. Diosdado Cabello, uno de los líderes del chavismo, advirtió que no se otorgarán más perdones a quienes desafíen al régimen. La creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad muestra cómo el chavismo busca consolidar su poder y sofocar cualquier intento de resistencia.
Crisis en Venezuela
En este clima de represión y control absoluto, la oposición venezolana se encuentra más debilitada que nunca. Mientras tanto, Maduro y su círculo de poder refuerzan su dominio, sin dejar espacio para el disenso. La comunidad internacional observa con preocupación, pero el futuro de Venezuela parece cada vez más incierto bajo el yugo de la «furia bolivariana».
Fuente: Mundiario
